Chile necesita más que descentralización*

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El jueves de la semana pasado el Programa de Cohesión Territorial de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural organizó un taller de trabajo para conocer propuestas de diversos expertos en políticas públicas que incorporaran la mirada de la cohesión territorial, que apunta a que las personas en cada territorio tengan similares oportunidades de desarrollo y que ningún territorio tenga niveles de bienestar por debajo de los mínimos que como sociedad consideremos indispensables. Además que exista convergencia rápida para que las grandes brechas de hoy se reduzcan hasta niveles compatibles con el de una sociedad que aspira a considerarse desarrollada.

Durante el taller se analizaron cifras alarmantes de desigualdad territorial en diversas áreas que evidencian la necesidad de implementar políticas en esta dirección no sólo porque es éticamente condenable, sino porque en buena medida son el resultado de estructuras sociales y de reglas que perpetúan esas diferencias; y porque  constituyen un obstáculo al desarrollo, de las personas, familias y comunidades que viven en los territorios rezagados, lo que afecta también al desarrollo general de nuestro país.

Entre las cifras observadas, en los datos de pobreza, la región de la Araucanía aparece como la más pobre del país con un 22,9%, frente a un 11,5% de la capital. En empleo, los trabajadores que reciben el salario mínimo o menos corresponden a nivel nacional a un 17,4%. No obstante, por territorio, estas cifras casi se duplican, llegando en el Maule al 30%, la Araucanía 29%, Los Lagos 28%, Los Ríos 25%, Biobío 24%, Valparaíso y Coquimbo 20%. En educación, también es posible advertir estas inequidades en los resultados de la PSU. El puntaje promedio de los estudiantes de la Región Metropolitana fue de 514 puntos, mientras que en Arica-Parinacota sólo alcanzó los 467 puntos, y en ninguna otra región superó los 500 puntos promedio.

Con esta mirada fresca analicé la Cuenta Pública a la nación del Presidente Sebastián Piñera, constatando  que la desigualdad territorial está ausente de la política pública hoy en día.

Es más, el concepto de descentralización aparece sólo una vez en todo el discurso, pero sólo asociado a supuestos avances en estos tres años de gobierno. No hay ninguna palabra que se condiga con propuestas nuevas. Afirma “hemos dado pasos mucho más largos y veloces en favor de nuestras regiones y comunas, transfiriéndoles más recursos, funciones, atribuciones y responsabilidades. Así por ejemplo, entre 2010 y 2013 el Fondo Nacional de Desarrollo Regional creció en un 55%, y el Fondo Común Municipal aumentó en un 21%. Esto ha permitido que, en promedio, las regiones estén creciendo más rápido que el país, contribuyendo así a una auténtica descentralización de Chile”. Además de la aprobación de la elección directa de los Consejeros Regionales.

A nuestro juicio, Chile requiere más que descentralización, requiere un desarrollo con cohesión territorial, no se trata sólo de transferir poder desde el nivel central de gobierno hacia el nivel regional, sino que en los territorios se potencie una verdadera revolución de capacidades y emprendimientos.

Esperamos que si el tema estuvo ausente en esta cuenta pública podamos tener avances en los programas de los candidatos presidenciales y en el próximo gobierno. 

*Publicado en www.cooperativa.cl

Lo bueno, lo malo y lo feo de las primarias*

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No creo que las primarias sean la panacea para solucionar todos los graves problemas que tiene nuestro sistema político. Una constitución sin legitimidad, un sistema binominal que no genera competencia, perpetúa a los incumbentes, tiene problemas de representación y una tremenda desafección ciudadana que se ha ido incrementando con el paso de los años.

Sin embargo, considero que permiten tener claridad sobre el proceso de selección de candidatos, más allá del problema que tienen para la elección de candidatas mujeres, solucionable en cierto aspecto si pones una cuota de candidatas a presentar a primarias, o el acarreo de votantes que se produce por parte de los candidatas y la significativa importancia de los recursos económicos para enfrentar una elección adicional.

Considerando este contexto entremos en materia y basándonos en el título de este Foro Panel: Lo bueno, lo malo y lo feo de las primarias.

Partamos por lo bueno, contar con una ley de primarias más allá de que no es la mejor, es algo bueno, los partidos políticos justificaron muchas veces no usar este mecanismo por el costo de llevarlas a cabo, y se dijo que se harían “sólo donde fuera necesario” hoy al ser legales le corresponde al Servicio Electoral ponerlas en práctica y asumir esos costos.

Lo malo, la ley aprobada no es óptima, para mí la razón principal de aquello es que no son obligatorias, dejando la arbitrariedad a cada partido político para hacerlas, dónde hacerlas y con quien hacerlas. Con la “ley antidíscolos”, aprobada en el congreso hace ya un tiempo, esta arbitrariedad se agudiza porque si la instancia partidaria determina que un candidato no vaya a primarias, este no tiene posibilidad de ir fuera de su partido. De esta forma, los incumbentes se aseguraron que nadie les compita. La segunda gran crítica es que no tienen financiamiento público de campaña, ni franja pública de propaganda, por tanto, el financiamiento de las candidaturas tiene un peso significativo para quien quiera competir y eso genera desigualdad entre los aspirantes a usarlas.  La tercera, no es una crítica a la ley sino que al estreno del Presidente de la nueva institucionalidad del Consejo Directivo de Registro Electoral, quien frente a una sencilla pregunta sobre si los votos marcados AC (Asamblea Constituyente) eran votos nulos dio una errónea respuesta denotando que un ex militar no es la mejor figura para resguardar un organismo preocupado de las elecciones democráticas. Lo que sin duda genera una desconfianza de los ciudadanos en la nueva institucionalidad. Cualquiera de nosotros que hemos sido vocal o apoderado de mesa sabemos que esos votos si marcan claramente su preferencia se llaman “marcados” se consideran válidos y se contabilizan.

Lo feo, el triste espectáculo de los partidos, especialmente los de oposición al no “llegar a acuerdo” o no querer “llegar acuerdo”. Luego de lo cual evaden su responsabilidad sobre el hecho. No hay renuncias de los negociadores a su rol, ni de las mesas directivas de los partidos que no fueron capaces de cumplirle a las bases y a nuestra candidata presidencial Michelle Bachelet. Negociadores y Directivas señalaban su consternación por lo sucedido pero nadie era responsable “Fuenteovejuna fue”. Para solucionar su error hablan de “primarias convencionales” pero “donde sea necesario” sin señalar: dónde, cuándo y con quienes con ninguna claridad. Es así como tenemos el “calvario de Tere Valdés” relatado por ella misma y la Comisión Política del Partido Socialista que se desarrollará hoy.  Con este espectáculo los partidos están quedando como otro título de película “Sucios, malos y feos”. Lo que sólo termina aumentando la desconfianza y desafección en el sistema político para el común de la ciudadanía y para quienes somos militantes de base de estos partidos, la duda de si desde esas estructuras se puede hacer realmente cambios. 

*Exposición en Foro Panel de Chile 21, viernes 17 de mayo de 2013. 

Una idea vieja y olvidada

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Parece que ahora todo el mundo se empezó a dar cuenta que en Chile existían abusos, cuando la verdad es que hace mucho tiempo los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país los sentían y sufrían. Sin embargo, la institucionalidad que el país tiene para resguardar los derechos de las personas es bastante débil y han existido solo esfuerzos parciales para ir avanzando en ellos. Sin duda la existencia de Superintendencias, Servicio Nacional del Consumidor y ley del consumidor han sido avances, aunque a mi juicio, insuficientes por las reducidas competencias que poseen, la asimetría de información y el acceso a la defensa.

Una institución que existe en más de cien países del mundo para defender a las personas es el Ombudsman o Defensor del Pueblo. Que busca promover, defender y proteger los derechos de las personas ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de aquellos que presten servicios públicos.

La Reforma que crea el ombudsman en Chile está pendiente desde el año 1991, cuando su implementación surgió como recomendación de la comisión Rettig, sin embargo, después de varios intentos solo el año 2007 se logró que un mensaje del Ejecutivo tuviera tramitación en el Parlamento para esta reforma Constitucional, siendo rechazada el año 2008 en la Sala de la Cámara de Diputados por no alcanzar el quórum necesario.

El texto rechazado establecía la creación de la Defensoría de las Personas como un órgano autónomo que tendrá a su cargo la promoción y resguardo de los derechos y garantías asegurados en la Constitución, los Tratados Internacionales y en las leyes ante actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de personas que ejerzan actividades de servicio de utilidad pública, con lo que se incluye a las empresas que prestan servicios básicos (suministro de agua, electricidad, transporte, etc). Dicha institución recibirá y procesará quejas y reclamos, pudiendo igualmente actuar de oficio ante casos de conmoción pública e incluso interponer recursos legales.

El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet repuso el proyecto el año 2009 logrando la aprobación por la Cámara de Diputados del Proyecto de Reforma Constitucional que crea la Defensoría de las Personas, cuya aprobación se logró con 104 votos a favor. Sin embargo, al momento de votar por extender la atribución del Defensor de las Personas frente a empresas de servicios básicos o concesionados, la aprobación vino por cuenta de la totalidad de diputados de la Concertación y de Renovación Nacional que reunieron 78 votos afirmativos. Lo anterior, debido a que la UDI, en bloque, voto en contra de permitir que la Defensoría de las Personas pudiera actuar en los atropellos que viven las personas frente a las empresas de utilidad pública.

De esta forma, el proyecto logro por primera vez después de más de 20 años avanzar en su primer trámite legislativo, quedando radicado en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado.

En la campaña presidencial de ese año todos los candidatos se manifestaron de acuerdo con la figura, incluso el actual Presidente Sebastian Piñera lo presentaba, como una de las medidas a desarrollar en su primer año (según Revista Qué Pasa). Sin embargo, durante todo su mandato nunca tuvo urgencia y lo más probable que el proyecto hoy se encuentre archivado a pesar que los Organismos de Naciones Unidas han recomendado su existencia en el país para velar por los derechos humanos.  

Hoy todos han vuelto a hablar de abusos, avancemos entonces en institucionalidad que los restrinja, saquemos del archivo al Ombudsman y que el Presidente en su último año, junto con un consenso de la clase política apoyen un Defensor de las Personas para Chile. 

Programa y Primarias Presidenciales*

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Esta semana ha sido lo suficientemente movida en política como para escribir diversas columnas al respecto o incluso un compendio. Sin embargo, luego de la notificación de parte de los partidos de la oposición de su incapacidad de ponerse de acuerdo sobre primarias parlamentarias y no estar a la altura de lo solicitado por la candidata presidencial con más posibilidades electorales de: definir planilla parlamentaria a la brevedad, constituir una nueva mayoría, intentar con ella doblar en la mayor cantidad de distritos y realizar primarias para escuchar a la ciudadanía. Creo que es imprescindible poner el tema del programa nuevamente al centro, sobre todo cuando he leído declaraciones de algunos personeros de la tradicional concertación señalar que a partir del 1 julio el tema programático “entra a revisión o se parte de nuevo” como si se tratará de una negociación para apoyar al candidato o candidata ganador de las primarias.

El desprestigio del sistema político chileno se encuentra en niveles peligrosos, así lo muestran todos los estudios que se han realizado en los últimos 10 años y, con inscripción automática y voto voluntario, es significativo hacer campañas que sean convocantes y movilizadoras de la ciudadanía. A mi juicio, no tener primarias parlamentarias en los territorios dificulta la posibilidad de una participación masiva en las primarias presidenciales de la oposición. Más aún cuando las encuestas muestran tanta distancia entre los participantes, existiendo poca competencia y parecer una carrera corrida. Lo único que podría lograr motivar al votante para que un día domingo 30 de junio se levante a votar podría ser la diferenciación programática entre los distintos candidatos. Situación que ha comenzado a esbozarse en las últimas semanas. Pero que debería quedar bastante más clara a la brevedad para ser comprendida por el votante común.

En la primaria desarrollada en la comuna de Providencia en la elección municipal se optó por desarrollar un programa común en forma participativa y en la primaria se votaba por el candidato o candidata que se creía podía llevar adelante de mejor forma ese ideario y ser electoralmente más competitivo para derrotar a Labbe. Había un programa común y la forma en que se construyó fue abierta y amplia. Al parecer ese no ha sido el camino escogido por la oposición actualmente.

Para ello es clave que el proceso de discusión y construcción de los programas sea amplio y participativo.  Que las opciones sean claras y diferenciadoras. Que su contenido no sólo emerja del típico trabajo en comisiones de expertos y diálogos ciudadanos, sino que incluya una serie de mecanismos de democracia directa como consultas ciudadanas, cabildos territoriales y temáticos, que se ocupen las nuevas tecnologías de información, entre otras formas. Que busque interesar a la ciudadanía en un debate sobre el Chile que queremos y las diferencias que se presentan para abordarlo. Donde efectivamente se recojan las opiniones diversas, se busquen consensos, se muestren disensos y se viabilicen las propuestas –qué se puede hacer, qué no, por qué, con qué, cuándo y cómo- en un diálogo amplio que vaya construyendo masa crítica capaz de ejercer su ciudadanía en forma coherente y desarrollar un activo control ciudadano en la implementación posterior de este programa.

Pero para ello tiene que existir claridad desde hoy que cuando vamos a primarias no sólo gana el candidato o candidata que tiene más votos, sino también el programa con el cual se ha presentado a la ciudadanía en ese proceso. Es de una inconsecuencia total pensar en que se vota candidata o candidato escindido del programa que presenta y que luego se discute todo de nuevo. Como si todo fuera fruto de negociaciones a cuatro paredes. Hoy la ciudadanía nos exige coherencia y transparencia, no sigamos defraudando.

Luego de la primaria habrá espacio para seguir avanzando en discusión de programa con la ciudadanía a lo largo de todo Chile, contrastando posiciones con las de la derecha que se ha parapetado en la defensa total al modelo institucional económico, político y social desde la Constitución hasta el lucro en la educación. 

*Publicado en www.cooperativa.cl

Nueva Política Social Activa para la Cohesión Territorial*

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En este año electoral en que ya empezamos a observar los primeros anuncios, promesas y compromisos de campaña de los diversos candidatos y candidatas a la Presidencia de la República me parece importante reponer en el debate el rol de las políticas sociales. Las cuales históricamente han estado marcadas por el modelo de desarrollo que se encuentra a la base de los diversos gobiernos y en sintonía con los cambios globales. Es así como en nuestro país vimos su fortalecimiento paulatino desde principios del siglo pasado, con posterioridad a la denominada cuestión social, con el Estado Protector para luego avanzar en nuestro incipiente Estado de Bienestar con políticas sociales universales que permitieron un avance significativo en cobertura hasta el Estado Subsidiario que impuso la Dictadura con una política social focalizada que a partir de los ´90 con matices de Estado Social de mercado se ha mantenido hasta el día de hoy.

Las políticas sociales, también denominadas contra la exclusión, políticas de inclusión social, contra la pobreza, de empoderamiento dan cuenta en la realidad actual de su objetivo principal: disminuir la brecha de desigualdad, aumentar la capacidad –social y laboral- de los sectores más vulnerables y reducir el malestar social facilitando la generación de formas de organización y participación en la gestión pública.

Hoy el país está necesitando un cambio en el modelo de desarrollo y por supuesto en la lógica de sus políticas sociales, un aspecto significativo de ello, queda en evidencia tras los resultados del último CENSO 2012 que nos muestran que los cambios demográficos se vinculan con la expresión particular de la nueva cuestión social en el país. Hoy requerimos de políticas sociales activas que permitan la cohesión territorial. Entre los factores que producirían este fenómeno de despoblamiento de ciertas zonas se encuentran: precarización del empleo, acceso a la salud, a la educación, a bienes culturales, a tecnologías de la información, entre otras.

La desigualdad territorial en la entrega de derechos sociales va generando un despoblamiento de ciertas zonas que se expresa en movimientos de población desde pequeñas localidades hacia ciudades intermedias y desde ahí a grandes urbes. Todo lo cual impacta directamente en las condiciones de vida de la población.

Como señala Carballeda “la distribución espacial que queda como resultante del movimiento poblacional es en sí misma problemática. El éxodo rural, al generar un descenso de la población, trae como consecuencia características especiales al proceso de despoblamiento, que se expresan en el envejecimiento de la población, la pérdida de servicios y equipamiento, el desaprovechamiento de la capacidad instalada, cuestiones que llevan entre otras dificultades a la desertización socioeconómica y a un desvertebramiento del territorio”.

De esta forma se hace necesario que el Estado adquiera un rol Activo y central como ordenador, planificador y garante de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio nacional. Este es un tema que ha estado ausente de la agenda pública, no se han incentivado políticas sociales relativas a la cuestión poblacional, no se ha buscado un equilibrio territorial, espacial y social.

No se ha incluido la lógica de la cohesión territorial en la política social donde hoy se vuelve evidente la necesidad de una intervención social que articule la política social con las potencialidades de los diversos territorios, a nivel regional, provincial, comunal y de pequeños poblados. 

*Columna publicada en www.cooperativa.cl

El Pueblo Unido...mitos y realidades sobre la participación ciudadana en Chile*

Un amigo me puso en facebook cuando anunciamos el lanzamiento del libro de qué realidades hablan si todo en participación han sido mitos en Chile desde hace ya 23 años…y sinceramente creo que la gracia de este texto es que recoge estudios y análisis serios desde distintas disciplinas de las ciencias sociales de la realidad en participación ciudadana. Puede que a mi esa realidad no me guste, puede que considere que es insuficiente. Pero el texto da cuenta de los avances o déficit que existen sobre el tema.

No es un texto que parta del prejuicio con respecto a los avances sino que muestra qué se ha hecho, cómo ha funcionado y qué ha pasado.

Ahora si me preguntan cómo evaluaría la realidad que se aprecia en el texto, considero que hemos avanzado poco, que estamos con una tremenda deuda en este sentido, que se ha hablado mucho y quizás por ahí va el tema del mito pero que en lo concreto tenemos un diagnóstico deficitario.

Y la gracia de contar con este diagnóstico basado en estudios concretos luego de las movilizaciones sociales de los últimos años, que todos pudimos recordar en la presentación inicial, y que a mí no me dejan de impresionar cada vez que las recuerdo, es que tenemos que avanzar en participación ciudadana en forma decidida.

Que nuestra democracia con sus déficits no da para más. Que hoy no existen mecanismos para canalizar y procesar el descontento, y tampoco para sumar las opiniones de la ciudadanía en la gestión pública.  Y menos aún para generar espacios deliberativos compartidos.

La democracia representativa está en crisis, no sólo en Chile sino que a nivel global, lo que ha quedado en evidencia con movimientos como el de los indignados. Esta situación se ve agudizada en países como Chile que presenta problemas de legitimidad de su sistema político con una Constitución heredada de una dictadura, un sistema electoral poco representativo y excluyente, y la existencia de quorum calificados para cambiar las leyes.

Para superar esta situación muchas democracias han avanzado en mecanismos de democracia participativa o directa, que puedan dotar a nuestra democracia de canales de expresión, deliberación y decisión de las demandas ciudadanas. Así como también, avanzar en derechos ciudadanos que permiten el control social en la gestión gubernamental en general y de la política pública  en particular.

En Chile no tenemos casi nada de ello y sólo arrastramos una deuda. Y por tanto este texto nos deja, al menos, dos grandes tareas:

-        En primer lugar, y considerando que “hablamos en marzo” y hoy casi “todos están con ella”, y algunos están con ellos, que se abre un debate programático con miras a un año electoral es urgente poner el tema en la agenda y concebir de forma participativa, generando masa crítica que luego defienda su cumplimiento, una agenda 2.0 de participación ciudadana real.

Que incluya cambios político institucionales como por ejemplo el contar con una Constitución legítima en su origen, democrática en su formulación y participativa en su diseño, que incluya iniciativa popular de ley, la posibilidad de convocatoria ciudadana a plebiscitos nacionales, la revocación de mandato, la creación del Defensor del Pueblo u Ombudsman, un sistema electoral proporcional, la inclusión de cuotas de género y de una democracia paritaria.

Que contenga todos los derechos fundamentales y no sólo el derecho a propiedad como prioritario. Que permita el desarrollo de primarias públicas, abiertas y vinculantes financiadas por el Estado, con límite a la reelección de representantes, con voto chileno en el extranjero, con elección de intendentes regionales y consejeros regionales que incentiven la formación de sistemas políticos regionales influyentes.

Significativo resulta también cambiar los quorum calificados, mejorar y transparentar el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, cambiar el sistema de reemplazo de los parlamentarios, presupuestos participativos, incluir la educación para la democracia en el currículo escolar y tanto, tantos pendientes más.

-        En segundo lugar, está el seguir con la investigación y la reflexión con respecto al tema de la participación ciudadana, sistematizar experiencias, poner en diálogo al mundo social con el mundo político y académico. El estudio que aparece en el texto de monitoreo a la ley de participación Ciudadana en la gestión pública 20.500 a nivel municipal fue un esfuerzo que salió a pulso desde Ciudad Viva que permitió generar una línea base, hoy tenemos nuevas autoridades comunales es imprescindible hacer seguimiento a esta ley, tener datos duros para presionar a la autoridad política a cumplir con lo comprometido, para hacer y ejercer nuestro control ciudadano. Y hoy estamos hablando desde una universidad y en ese sentido el apoyo que desde la academia pueda existir para potenciar esta agenda en investigación es significativo.

Me sumo a los agradecimientos expresados por Gloria, sobre todo a cada una de las personas que hoy opto por acompañarnos en este paso, y los quiero invitar a dejar atrás las excusas de gobernabilidad que terminan privilegiando el statu quo y que se viven desde el temor a los otros, y avancemos, avancemos en un país que construya una gobernanza distinta sin perder la oportunidad de volver a soñar.

Muchas gracias 

*Palabras expuestas en Lanzamiento del libro en Auditorio UAH 27 de marzo 2013. 

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Cómo Construimos el Programa*

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Tras la renuncia de la ex Presidenta Michelle Bachelet a ONU Mujer el viernes pasado hemos escuchado las más insólitas declaraciones: desde algunos que tiran pachotadas dando por sentado que la elección está ganada y dicen que la derecha da vueltas en círculo por la Moneda, otros que señalan que no hablaran hasta que lo haga la candidata por respeto a su partido hasta otros que insisten en pasarle las cuentas del infierno.

Los medios de comunicación frente al secretismo que rodea a la ex mandataria repiten lo mismo mil veces hablando del “entorno” sin aportar ningún dato nuevo y buscan descubrir quién es el “elegido” que está haciendo el programa.

Creo que un punto no abordado y necesario de situar en el escenario actual es discutir Cómo construimos el programa y Qué hacemos para poder cumplirlo.

El desprestigio del sistema político chileno se encuentra en niveles peligrosos, así lo muestran todos los estudios que se han realizado en los últimos 10 años y, con inscripción automática y voto voluntario, más que preguntarse el mecanismo para definir la primaria (ley corta de primarias) sería bueno saber cuánta gente quiere ir a votar a una primaria. Tengo la percepción que si bien las primarias legitiman la selección de un candidato la temática hoy está situada más como un tema relevante de la clase política que de la ciudadanía. Y eso debido al nulo despliegue de ideas de futuro de país que se observa en el debate. Cuáles son las ideas que movilizarán a la ciudadanía a inclinarse por un candidato y no por otro en una primaria y luego en una elección es algo ausente.

En la primaria desarrollada en la comuna de Providencia en la elección municipal pasada se optó por desarrollar un programa común en forma participativa y se votaba en la primaria por el candidato o candidata que se creía podía llevar adelante de mejor forma ese ideario y ser electoralmente más competitivo para derrotar a Labbe. Había un programa común y la forma en que se construyó fue abierta y amplia.

En las primarias presidenciales de junio desde la oposición parece existir un relativo consenso con respecto a quien es la candidata más competitiva. Por tanto, la justificación de su desarrollo es que efectivamente existan matices programáticos distintos entre los diversos candidatos que se puedan poner en el debate y movilizar al electorado a participar de la primaria y luego de la elección.

Para ello es clave que el proceso de discusión y construcción del o de los programas sea amplio y participativo.  Que salga del típico trabajo en comisiones de expertos y diálogos ciudadanos e incluya una serie de mecanismos de democracia directa como consultas ciudadanas, encuestas de opinión, cabildos territoriales y temáticos, que se ocupen las nuevas tecnologías de información, entre otras formas. Donde efectivamente se recojan las opiniones diversas, se busquen consensos, se muestren disensos y se viabilicen las propuestas –qué se puede hacer, qué no, por qué, con qué, cuándo y cómo- en un diálogo amplio que vaya construyendo masa crítica capaz de ejercer su ciudadanía en forma coherente y desarrollar un activo control ciudadano en la implementación posterior de este programa.

La carrera no está ganada, la campaña se vislumbra dura, necesitamos hacer las cosas en forma distinta, para lograr resultados distintos y poder desarrollar los cambios y transformaciones que este país requiere construyendo una nueva mayoría social. Algunos privilegian la gobernabilidad desde el statu quo y viven desde el temor, prefiriendo bajar expectativas, este país merece una gobernanza distinta y una oportunidad para volver a soñar. 

*Publicado en www.cooperativa.cl

Desigualdad Territorial en Chile, lo dijo la OCDE

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Hace unos días conocimos los resultados a través de la prensa de dos análisis desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) uno de  segregación urbana donde señala que Santiago de Chile es la ciudad más desigual, de 30 ciudades evaluadas del mundo, y el primer informe de la política nacional urbana que arrojó reveladores índices sobre desigualdad en las 26 principales ciudades del país, en ámbitos como la vivienda, la pobreza, la densidad habitacional y el acceso a áreas verdes.

Entre los antecedentes, la OCDE señala el alto grado de urbanización en Chile: el 89% de la población vive en ciudades y se proyecta que para 2025, el 91% de los chilenos resida en una urbe.

Muestra que a pesar que el país ha logrado reducir la vulnerabilidad, la pobreza urbana experimenta una expansión preocupante en 20 de las 26 principales ciudades chilenas. Linares aparece como la ciudad con el mayor nivel de pobreza urbana: supera el 27% de población que vive en esa situación. Le siguen Ovalle y Temuco. Por el contrario, Antofagasta, Punta Arenas y Calama muestran los menores índices (menos de 10%). Pero la ciudad que más crece en pobreza urbana es Curicó: sobre 110% de aumento. Mientras la que más reduce su población urbana vulnerable es Arica (cerca de -40%).

El informe de la OCDE también aborda aspectos demográficos: muestra al Gran Valparaíso como la metrópoli chilena que más crece en población. Le siguen el Gran Santiago y el Gran Concepción. Al considerar las ciudades medias, lideran Puerto Montt, Coquimbo-La Serena y Copiapó. Esto muestra que son las urbes intermedias las que concentran el mayor aumento general.

Si se trata de viviendas, San Antonio encabeza la lista: tiene 400 inmuebles por cada 1.000 habitantes. La que menos tiene es Antofagasta, con 250 por cada 1.000 personas. El proceso de crecimiento en viviendas lo lidera Melipilla, con un 30% de aumento. En propiedades sociales es Curicó la que encabeza, con cerca de 40% de viviendas sociales por cada 1.000 habitantes.

Estas cifras evidencian que la desigualdad territorial es producto de estructuras sociales y de reglas formales e informales que interactúan perpetuando las diferencias. Esto implica que tanto en Chile como a nivel global, el destino de las personas no depende de sus capacidades y esfuerzo, sino que muchas veces está determinado por el lugar donde se nace.

La desigualdad territorial es la ausencia de cohesión territorial, siendo esta última una condición a través de la cual los territorios expresan su potencial de desarrollo y ninguno queda persistentemente marginalizado, posibilitando que las personas, independiente del lugar donde nazcan o vivan, tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

Los resultados de estos estudios así como otros nos muestran lo necesario que es poner en la agenda pública el tema de la desigualdad territorial y buscar generar políticas de cohesión social en Chile que apunten a desarrollar verdaderas oportunidades, entendiendo que los territorios dentro de un país son diversos y, por tanto, deberán implementarse políticas diferenciadas. Lo importante, es que éstas promuevan sus potenciales y generen las posibilidades y opciones para hacerlo.

En este año de elección presidencial y aprovechando que se “nos vino marzo” no perdamos la oportunidad de incluir esta mirada para efectivamente transformar Chile y hacerlo un país más inclusivo en cada uno de sus territorios. 

La torta se la quieren comer solos*

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El Presidente del partido señalo “quiero pedir un aplauso a la única alcaldesa electa que hoy tiene nuestro partido” tras los resultados de la última elección municipal del año pasado. La aludida por su parte esgrimió “vergüenza, vergüenza debería darles compañeros que yo sea la única”.

Ya estamos en marzo, conmemoraremos un nuevo día de la mujer. Donde quedan en evidencia todas las luchas que hemos dado históricamente las mujeres para ir alcanzando nuevos derechos pero también permite hacer el balance sobre todas nuestras deudas y pendientes.

Uno de estos pendientes tiene que ver con la escasa representación femenina en puestos de representación popular y de poder. Que a pesar de haber tenido una presidenta mujer y hoy volver a desearla no ha permitido que más mujeres lleguen a estos espacios.

Muchos partidos políticos frente a reivindicaciones de las mujeres militantes han establecido cuotas para mujeres candidatas o representación femenina en instancias partidarias, pero escasamente han cumplido con lo fijado, siempre hay una justificación para no hacerlo, como por ejemplo he escuchado: “frente a mecanismo de primarias no se puede usar la cuota mínima de candidatas”, o bien, “que la mesa directiva no es un órgano colegiado entonces no corre la paridad”.  

Sin embargo, a la hora de buscar una candidata competitiva no dudan en esperar a una mujer como candidata a Presidenta. Para después terminar comiéndose la torta nuevamente solos.

No han aprendido que la paridad es una acción afirmativa que significa contar con un 50% de mujeres y 50% de hombres en los cargos de elección popular y en aquellos de toma de decisiones en el Estado. Que su implementación es una ruptura con la ciudadanía abstracta. Hoy sabemos que al hablar de ciudadanos y ciudadanas nos remontamos en forma primaria a la lucha por los derechos civiles y políticos donde el derecho a voto de las mujeres fue alcanzado tardíamente al compararlo con el de los hombres. Pero aquí la idea es hacer referencia a la ciudadanía en forma amplia, a la ciudadanía activa, cómo el derecho a tener derechos, a decidir sobre el que hacer público, a fiscalizar y ejercer un control ciudadano frente a nuestras autoridades y también a tener el derecho de elegir pero también de ser elegidas. Y sabemos que hoy las mujeres no contamos con esa garantía democrática. No somos las únicas, existen otros grupos excluidos. El tema es que nosotras somos la mitad de la población, la mitad de las electoras.

La dualidad del género humano es el cuestionamiento de la neutralidad del poder político, ya que es una neutralidad falsa porque está garantizada por el monopolio masculino. La paridad no es un tema que debería interesarle solo a las mujeres, sino que a la sociedad toda para estar justamente representada y avanzar en democracia.

Por ello parece necesario avanzar en:

  • Cambio a la constitución política que permita incorporar los principios de igualdad de género, democracia paritaria y no violencia contra las mujeres.
  • Modificación del sistema electoral binominal e incorporación de un mecanismo de acción positiva que permita la representación equilibrada entre hombres y mujeres.
  • Introducir modificaciones a las leyes electorales, de modo que incorporen medidas de acción afirmativa tendientes a igualar la situación entre hombres y mujeres en la vida pública-política.
  • Incorporar la representación equilibrada en el proyecto de ley sobre primarias, junto con iniciativas que apoyen el financiamiento de las candidaturas de mujeres y asegurar el transporte gratuito en los días de elección.
  • Avanzar en la presentación de una ley de igualdad que promueva y exija la participación equilibrada de hombres y mujeres tanto en las empresas públicas como privadas, así como para cargos de representación y designación de los tres poderes del Estado.

La presencia de las mujeres en la política es un problema ético: en el ámbito político se decide sobre el bien común; es ahí donde se dictan las normas y las leyes. Si no hay mujeres este bien común se hace desde una sola mirada, trunca o tuerta, porque no contemplan la vida femenina.


*Publicado en www.elmostrador y www.elquintopoder.cl

MUNICIPIOS MÁS TRANSPARENTES Y PARTICIPATIVOS*

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*Este trabajo fue desarrollado para Ciudad Viva,  Centro de Urbanismo Ciudadano en  octubre 2012

Debilidades

El proceso de democratización en Chile se fue desarrollando bajo un marco legal heredado del antiguo régimen con diversos bemoles. El último nivel político administrativo en democratizarse fue el poder local. Durante el año 1992 se realiza la primera elección democrática de Alcaldes y Concejales en Chile. Desde esa época hasta hoy se han desarrollado cinco elecciones en este ámbito y los sistemas electorales con los cuales se han definido las autoridades han sufrido al menos tres importantes variaciones.

La más significativa de ellas se dio en la elección del año 2004, cuando se votó en forma separada por Alcaldes y por Concejales. Cabe señalar que el sistema electoral que existe para esta elección es la experiencia actual más proporcional que tiene nuestro país.

El gobierno o entidad local, como parte integrante de la estructura nacional, es el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos y ciudadanas y, por lo tanto, el que se encuentra en mejor posición para involucrarlos en el proceso de toma de decisiones, en lo que concierne a sus condiciones de vida, y también para hacer uso de sus conocimientos y experiencias en el fomento del desarrollo (Pozo, 1990).

De esta forma, se reconoce que el municipio, por sus características de tamaño y proximidad posee las condiciones básicas para ser el espacio democrático del poder público (Pozo, 1990). En esta misma línea, debería tender a transformarse en un poderoso instrumento de desarrollo local, asumiendo un rol articulador de proyectos e iniciativas públicas y privadas que promuevan la economía local y un desarrollo social y cultural, en un contexto de gestión abierta y participativa. Es así como se vincula la participación social y el proceso de descentralización, a través del municipio como instancia que permite a la comunidad en el territorio incidir en el diseño, ejecución y evaluación de la gestión pública.

Durante estos años, el tema de la participación ciudadana en el espacio local ha formado parte del discurso, sin embargo, las experiencias relevantes no son muchas. Algunas de ellas constituyen proyectos pilotos, sin mayor sostenibilidad en el tiempo y, por tanto, sin continuidad. En la mayoría de los casos simplemente no hay nada y en otros existe la norma y la posibilidad de hacer cosas, pero no se han ejecutado nunca o escasamente (Montecinos, 2008).

Un ejemplo de ello es que en Chile sólo se han desarrollado cuatro plebiscitos comunales tras el retorno a la democracia, tres de ellos convocados por el Alcalde y el Concejo Municipal y uno por la ciudadanía (Mlynarz, 2012).

Diversos autores coinciden en que el fortalecimiento democrático, entendido como un estilo de gestión participativo que implique consulta, control y fiscalización ciudadana sobre la gestión municipal, todavía es muy incipiente en los instrumentos de planificación y no registra mayores avances sustantivos (Delamaza, 2004; Márquez, 2001; Huerta, 2000; Montecinos, 2006).

Oportunidades

Hoy Chile cuenta con dos nuevas leyes que deberían facilitar el desarrollo de municipios más transparentes y abiertos al escrutinio de la ciudadanía (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, N° 20.285)[1], y más Participativos (Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, N° 20.500)[2].

Algunos resultados de estudios nos señalan que la implementación de ambas normativas ha sido lenta a nivel municipal[3], lo cual sin duda perjudica el desarrollo de una ciudadanía más consciente de sus derechos y activa en ejercer sus responsabilidades.

La ciudadanía como concepto implica mucho más que meramente a los habitantes de las ciudades, y en términos amplios se la concibe como el poder influir y decidir sobre distintos aspectos de interés público, en su calidad de miembros de la comunidad nacional frente al Estado. La ciudadanía dice relación con el fortalecimiento de las capacidades para actuar en el debate, gestión y fiscalización de la acción pública, con autonomía y poder. 

Variados autores (Cunill y Ziccardi, 2004) distinguen entre una ciudadanía pasiva, aquella ciudadanía formal, consagrada legalmente, y que supone sujetos de derechos protegidos por el Estado, y una ciudadanía activa, que requiere la existencia de sujetos políticos capaces de hacer exigibles sus derechos, así como de realizar prácticas autónomas, deliberantes y participativas.

Al Estado le corresponde rendir cuentas (accountability) y abrir los espacios de deliberación, estableciendo mecanismos para que la ciudadanía activa pueda desarrollarse, mientras que a la sociedad civil, le corresponde la responsabilidad de ejercer control ciudadano y desarrollarse como una ciudadanía más activa.

Borja (2000) nos señala, en relación a los derechos ciudadanos a nivel local, que en la medida que nos encontramos ante problemáticas nuevas se requiere también una cultura política nueva, que construya un discurso que proporcione legitimidad y coherencia a los gobiernos locales y a los movimientos cívicos. Si no es así, se corre el riesgo de acentuar la fragmentación territorial y sociocultural.

En el contexto actual, los procesos económicos -productivos y financieros- y tecnológicos van mucho más rápido que los políticos y culturales, lo que en muchos casos genera que las desigualdades sociales aumenten.

Es por ello que resulta preciso un cambio político, orientado por valores básicos universales, que concrete nuevos derechos y responsabilidades, para responder a la vez a viejas y nuevas desigualdades y exclusiones. No hay procesos de cambio sin un previo proceso de lucha por la legitimación y concreción de nuevos derechos.

Hoy estamos, nuevamente, en el inicio de una era de derechos ciudadanos, como se ha dado regularmente desde el siglo XVIII. Cada siglo tiene su revolución por hacer, la nuestra es contra una globalización oligárquica y por la democracia ciudadana (Borja, 2000).

Para Borja (2010) el desarrollo y la legitimación de estos derechos dependerán de un triple proceso:

ü  Cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y de explicitación o especificación de los mismos.

ü  Social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de los mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos.

ü  Político-institucional, para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.

Instrumentos vigentes para la participación y la transparencia

Los municipios tienen básicamente tres instrumentos de gestión establecidos en la Ley Orgánica Constitucional de Municipios N° 18.695: El Presupuesto Municipal Anual, el Plan de Desarrollo Comunal y el Plan Regulador Comunal.

Esta misma ley fija la necesidad de que los municipios cuenten con una Ordenanza de Participación Ciudadana, que entregue el marco en el cual se desarrolla la participación en los diversos planes y en los distintos niveles dentro de cada municipio. Este es el instrumento en el cual los compromisos en esta materia deben quedar establecidos, de modo de darle continuidad a experiencias exitosas.

Por otro lado, la información existente demuestra que la realidad municipal en Chile es extremadamente heterogénea, con gran diversidad de recursos, habitantes y territorios según cada municipio. Sin embargo, las políticas planificadas a nivel nacional a menudo no se hacen cargo de esta realidad, generando estrategias diferenciadas según tipo de municipio. De hecho, en el ámbito de la transparencia y la participación ciudadana algunas evaluaciones muestran lo desigual que se ha avanzado en estas materias a nivel local, según las capacidades y la voluntad política de cada municipalidad (Marín y Mlynarz, 2012).

A la luz de lo anterior, es fundamental como sociedad civil avanzar en una propuesta y en un compromiso de las nuevas autoridades locales (electas en octubre 2012 en Chile) con las materias de Transparencia y Participación Ciudadana Municipal, para superar los déficits antes mencionados y avanzar en el fortalecimiento democrático del país.

Propuestas desde la Sociedad Civil

Las iniciativas de transparencia y participación ciudadana en la gestión municipal que se presentan a continuación, se insertan dentro de las posibilidades que otorga la legalidad vigente. Muchas de ellas no generan mayor inversión municipal y básicamente son posibles de desarrollar con simple voluntad política de la autoridad edilicia.

El origen de estas propuestas se sustenta en experiencias existentes en Ordenanzas de Participación Ciudadanas, programas de campaña de diversos candidatos y candidatas, talleres participativos y de reflexión interna de Ciudad Viva, así como de la bibliografía disponible sobre el tema.  

I.                 Propuestas para Transparencia Municipal

1. Impulsar la profesionalización y capacitación permanente del personal municipal en transparencia y acceso a la información.

  • Establecer una persona encargada del área de Transparencia.
  • Relevamiento y potenciamiento del rol del Encargado/a de Transparencia, como el responsable de un eje transversal en la gestión municipal.
  • Conformación de una Mesa de trabajo, convenio y capacitaciones municipales con el Consejo para la Transparencia, así como con organizaciones de la sociedad civil que lideran el tema.

2. Creación de incentivos al desempeño de profesionales capacitados en transparencia.Informar y capacitar a vecinos y dirigentes sociales sobre este derecho y los compromisos asumidos por el municipio en pos de su garantía.

  • Desarrollo de jornadas de capacitación sobre ley 20.285 a dirigentes sociales y vecinales, y sobre los compromisos en la materia de parte del municipio.
  • Cartillas informativas y de difusión. 
  • Desarrollo de jornadas de información masiva a vecinos y vecinas en coordinación con Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil y Concejo Municipal.

3. Mejorar el nivel de cumplimiento y ampliar las materias que se publican en transparencia activa, con actualización mensual.

  • Cumplimiento del 100% de los requerimientos que la ley establece para transparencia activa.
  • Incorporación, en un apartado especial, de materias específicas de interés ciudadano, en un lugar visible y en un lenguaje comprensible. Entre ellos incorporar:
  1. Contratos de concesión basura.
  2. Contratos de alumbrado público.
  3. Contratos de tala de árboles y mantención de áreas verdes.
  4. Principales herramientas de planificación estratégica municipal (PLADECO y Presupuesto Municipal).
  5. Catastro de bienes inmuebles fiscales y municipales.
  6. Modificaciones presupuestarias.
  7. Rol de patentes de alcohol.
  8. Dotación policial comunal e información relativa al plan cuadrante.
  9. Información detallada de la cartera de inversiones comunales, con priorización y fuentes de financiamiento.
  10. Ordenanzas Municipales, especialmente de derechos, de ruidos molestos, de horarios de la venta de alcohol, de tenencia responsable de mascotas, de participación ciudadana, sobre ubicación de antenas de telefonía móvil, entre otras.
  11. Permisos de construcción, de demolición, de cambio de uso de suelo, con indicación expresa del propietario y modalidades para la participación ciudadana en esta materia, plazos de reclamación, etc.
  12. Declaración Patrimonial y de Intereses obligatoria para los Directores Municipales y Jefes de Áreas o Unidades.
  13. Padrón de Proveedores de bienes y servicios municipales.
  14. Indicadores de desempeño incorporados en la Cuenta Pública Anual.
  15. Plan Regulador Comunal, explicando en un lenguaje sencillo los usos de suelo y alturas permitidas.
  16. Información sobre la gestión de Corporaciones Municipales que administran los servicios traspasados de salud y educación municipal: Herramientas de planificación estratégica en materias propias de su gestión, Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal, Información financiera de ingresos y gastos, con indicación expresa de los ingresos por subvención escolar, subvención educacional preferencial, per cápita. Información financiera de pasivos y deudas con proveedores. Información sobre contrataciones que realicen directamente o mandatadas por la Municipalidad de la que dependen. Información sobre personal administrativo, con indicación de funciones y remuneraciones. Información sobre el personal contratado de las áreas de salud y educación, con énfasis en la publicación de la información curricular de los profesores y médicos de los establecimientos de educación y consultorios de salud municipal. Padrón de Proveedores. Información sobre resultados de la evaluación docente y auditorías de la Contraloría General de la República.
  17. Actas de reuniones y Cartas Ciudadanas de mesas de trabajo, Cabildos y Audiencias y otras instancias participativas llevadas a cabo entre vecinos y las autoridades comunales.

4. Crear una sección especial en el sitio web municipal para recibir denuncias, quejas y propuestas ciudadanas.

  • Sobre materias como ruidos molestos, locales comerciales, aseo y ornato, seguridad, etc.
  • Establecimiento de un plazo mínimo de respuesta municipal a la queja, denuncia o propuesta recibida, y publicación semestral de un informe sobre la materia.
  • Publicación trimestral de los operativos de fiscalización realizados por el Municipio.

5. Mejorar los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades municipales.

  • Publicación mensual de las votaciones del Concejo Municipal, identificando cómo votó cada concejal/a y el Alcalde/sa,  en forma sintetizada y entendible (aparte del acta completa de la sesión).
  • Publicación mensual de las votaciones del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, identificando cómo votó cada consejero/a,  en forma sintetizada y entendible (aparte del acta completa de la sesión).
  • El Alcalde/sa asume como compromiso notarial sus promesas de campaña, y somete a discusión pública su programa de gobierno comunal durante los primeros 90 días de su gestión.
  • Voto Programático: cuentas públicas del Alcalde/sa se realizan en base a programa comunal propuesto en campaña y su integración en el Plan de Desarrollo Comunal, con indicadores de seguimiento.
  • Propuesta al Concejo Municipal para la rendición anual de concejales de su gestión a la ciudadanía, en un acto de cuenta pública.
  • Cuenta pública de Alcalde/sa y Concejo Municipal realizadas frente al Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil en el mes de marzo, recibiendo sus observaciones y/o reparos, previo a la entrega a la comunidad.

6. Promover la transparencia proactiva como un tercer nivel del derecho a la información, que se suma a la activa y pasiva.

  • Creación de una sección de Transparencia Proactiva en el sitio web municipal, en que se publiquen informes que permitan controlar hasta qué punto  el Municipio ha tomado en cuenta la información producida en sus procesos participativos, señalando concretamente qué se ha tomado de ellos y que no, con la debida explicación de cada caso.

 

II.               Participación Ciudadana en la Gestión Municipal

1. Educación para la Democracia.

  • Desarrollar una supervisión para que en las Escuelas y Liceos Municipales de la comuna se incluyan contenidos de educación cívica desde una perspectiva teórica y práctica.
  • Potenciar el funcionamiento de organizaciones estudiantiles en los establecimientos educacionales, plenamente autónomas, pero con asesoría y apoyo de docentes y directivos. 
  • Activación y reuniones periódicas de los Consejos Escolares de cada establecimiento municipal.
  • Generación de instancia que integren a todos los Consejos Escolares de manera que éstos puedan retroalimentarse e ir generando los lineamientos del Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal (PADEM) con anticipación y participación de diversos actores.

 2. Potenciar las Organizaciones de Interés Público.

  • Capacitación a funcionarios municipales y Concejales sobre la Ley de Asociación y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.
  • Realizar escuelas de formación de dirigentes sociales, con especial énfasis en potenciar nuevos liderazgos, especialmente de mujeres, jóvenes y representantes de pueblos originarios; y usando metodologías de aprender – haciendo, que pongan en valor los saberes propios de la comunidad.
  • Desarrollo de charlas informativas de nuevos derechos ciudadanos a la comunidad en forma regular, en coordinación con parlamentarios del distrito donde se ubica la comuna.
  • Proveer de sedes sociales y comunitarias en los diversos barrios, abiertas a la comunidad en general, con una política de uso inclusiva.
  • Realizar talleres de capacitación a dirigentes sociales en presentación de proyectos a diversos fondos, de modo de incentivar su financiamiento y gestión autónoma del accionar del municipio (Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Fondos del SENAMA, etc.)
  • Considerar información y  realizar coordinación previa con dirigentes de las organizaciones de un mismo territorio, para tomar decisiones y desarrollar planes y  programas  referidos a  dicho sector.
  • Utilizar la consulta a las Juntas de Vecinos como vinculante para la decisión de entrega de patentes de alcohol por parte del Concejo Municipal.
  • Colaborar en el desarrollo de estudios para la postulación de zonas patrimoniales, de conservación histórica y zonas típicas con organizaciones de vecinos y vecinas.

3. Plan Regulador Comunal considerando la voz de los vecinos y vecinas.

  • Reuniones de información y discusión en cada barrio con los vecinos y vecinas sobre modificaciones planteadas al Plan Regulador Comunal.
  • Capacitación para la formación del recurso humano de la Dirección de Obras, Asesoría Urbana y Secretaría Municipal de Planificación, para la inclusión de un accionar desde lo social, con enfoque y metodologías participativas. 
  • Desarrollar imágenes objetivo de lo que sé quiere en el futuro en cada barrio, con los vecinos y vecinas, a través de talleres participativos. Es decir, una participación desde el diagnóstico, y cautelar que toda futura acción/intervención sea coherente con dicha imagen.
  • Desarrollo de plebiscitos comunales vinculantes frente a divergencias manifiestas en relación a zonas del Plan Regulador Comunal.

4. Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).

  • Este se desarrollará con metodologías participativas, que posibiliten el compromiso y responsabilidad colectiva con las estrategias, planes, programas y proyectos orientados al mejoramiento constante de la calidad de vida y al mejor desempeño de los roles estratégicos de la comuna, en términos de su desarrollo económico, social y territorial.
  • Dicha participación se abordará por barrios y territorios, pero también considerando a diversos actores sectoriales: como dirigentes sociales, empresarios, comerciantes, profesionales, trabajadores, mujeres, jóvenes, discapacitados, niños y niñas, representantes de pueblos originarios, entre otros.
  • Actualización cada cuatro años del PLADECO, con las siguientes fases:
  1. Insumo inicial: programa municipal del candidato/a electo/a;
  2. Asambleas barriales (espacio territorial previamente determinado en función de características comunes) con organizaciones y vecinos/as antes de 90 días tras asumir la gestión municipal;
  3. Desarrollo de Cabildos Barriales para ajustar diagnóstico y demandas; 
  4. Mesas de trabajo con dirigentes y actores locales, para ajustar líneas de acción y metas concretas, para que la ciudadanía pueda desarrollar control social.
  5. Validación con el Concejo Municipal y el Consejo Comunal de la Sociedad Civil.
  6. Este proceso debe estar terminado durante el primer año de gestión.

5. Presupuestos Participativos.

  • Incorporar esta herramienta en la Ordenanza de Participación Ciudadana, con el objetivo de destinar recursos de inversión territorial mediante procesos de colaboración comunitaria, permitiendo el acceso de la comunidad a la toma de decisiones. 
  • Para lo anterior, se establecerán asambleas vecinales donde se considere una o varias unidades vecinales en que podrán participar todos los vecinos y vecinas que lo deseen.
  • Los proyectos que se ejecutarán serán aquellos que hayan obtenido la más alta votación de la comunidad, y se buscará ir ampliando los montos y su destinación, en forma participativa.
  • Las etapas de los presupuestos participativos serán:
  1. Información y generación de proyectos por unidades territoriales.
  2. Evaluación de la viabilidad técnica de las propuestas, realizada por los profesionales municipales junto a la comunidad.
  3. Discusión, priorización y difusión por unidades territoriales.
  4. Ratificación de la elección, por parte de la comunidad, de los proyectos a financiar. Para ratificar la decisión se requiere de un mínimo de participantes del 5% de las personas sobre 14 años del subsector.
  5. Ejecución de los proyectos en forma corresponsable, buscando que ambas partes -el municipio y la comunidad- colaboren en algún aspecto de éste.
  6. Evaluación del proceso a través distintas estrategias participativas: asambleas, talleres y encuestas, entre otras.

6. Fortalecimiento y autonomía del Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

  • La elección de los Consejeros de las Organizaciones de la  Sociedad Civil se realizará a través de un proceso informado y difundido por los medios que cuente el municipio (diario comunal, mail a organizaciones, cartas, diarios murales, página web, entre otros) entre los dirigentes sociales y los vecinos/as. Esta elección será a través de un voto secreto en urna.
  • Los candidatos/as a Consejeros/as deberán inscribirse con dos semanas de antelación a la votación, y presentar un plan de trabajo en una asamblea donde se invitará a todos los dirigentes de la comunidad a una semana de la elección.
  • El Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil contará con un ítem específico dentro del presupuesto municipal, para asegurar su funcionamiento con autonomía. Este debe considerar al menos espacio de reunión, secretaria, conexión a internet y teléfono.
  • Se someterá a decisión del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el tiempo debido para previa consulta a sus bases: Presupuesto de Inversión Anual, Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO), modificaciones al Plan Regulador Comunal y Cuenta Pública del Alcalde (como lo obliga ley 20.500). Adicionalmente, se le consultará sobre materias relevantes a nivel comunal como: Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM), modificaciones a Ordenanza de Participación Ciudadana, diagnóstico y posterior desarrollo del Plan Comunal de Seguridad, construcción de grandes obras e implementación de programas sociales de cobertura significativa, así como otras materias a acordar.

7. Plebiscitos y Consultas comunales

  • Frente a divergencias o faltas de consenso social comunal, se implementaran estos mecanismos de participación directa de la ciudadanía, en relación a: Plan Regulador, inversiones significativas o grandes obras de  infraestructuras, entre otras.
  • Se velará porque no existan asimetrías de información entre las distintas posiciones que se evalúen o entren en competencia, para lo cual se dotará de espacios de información y difusión a todas las posiciones, en forma equitativa, especialmente a nivel de recursos.

8. Iniciativa ciudadana

  • Inclusión de este mecanismo en la Ordenanza de Participación Ciudadana, consistente en la posibilidad de proponer al municipio que realice determinada actividad de su competencia y de interés público, que pese a ello no esté incluida en el programa municipal.
  • Quien tramite la iniciativa, deberá obligarse a ejecutar una acción o contribución con ésta. Por ejemplo: un grupo folklórico de adultos mayores quiere realizar un concurso comunal de folklore y desea que el municipio aporte en la organización del evento. Es una iniciativa de la ciudadanía que puede resultar significativa para incentivar el folklore en la comunidad pero el municipio no lo tenía contemplado. Para ser considerada como una iniciativa ciudadana, el grupo lleva el proyecto al municipio expresando explícitamente cual será su aporte y qué pide al municipio para levantar la acción.

9. Mejorar las instancias de Audiencias Públicas

  • Los vecinos y vecinas con el apoyo de 100 firmas podrán solicitar la inclusión de un tema específico a tratar en Concejo Comunal, el que deberá abordarse tras un plazo no superior a 30 días desde ingresado el requerimiento.
  • Este deberá contener antecedentes y justificación de la solicitud, quiénes serán los/as vecinos/as que expondrán frente al Concejo Municipal y si es esencial trasladar la sesión del Concejo a un barrio más cercano a los vecinos y vecinas que solicitan la petición y/o donde puedan asistir más personas.
  • Los vecinos y vecinas que presentaran la propuesta tendrán un espacio de 45 minutos dentro del Concejo para exponer su inquietud.
  • Las autoridades comunales luego de escuchar las demandas y consultas ciudadanas deben entregar información, explicaciones y buscar soluciones con los participantes.
  • El Secretario Municipal levantará un acta de la sesión y hará seguimiento de los acuerdos alcanzados, así como de los disensos.

10. Cabildos temáticos y territoriales.

  • Inclusión de este mecanismo en la Ordenanza de Participación Ciudadana, consistente en jornadas en las cuales los vecinos y vecinas de una comunidad discuten temas comunes relacionados con el entorno en que residen o con las actividades que desarrollan, con participación activa del Alcalde/sa y su equipo.
  • Dichos diálogos se generarán con periodicidad y sistematización de lo conversado. Durante la gestión alcaldicia se realizará al menos un cabildo por barrio o unidad territorial.
  •  Particularmente, en el contexto del Plan de Desarrollo Comunal, se requerirá que los participantes indiquen los elementos positivos de su barrio y aquellos negativos, haciendo hincapié en los aspectos que les gustaría modificar del desarrollo comunal.
  • Los resultados del cabildo serán sistematizados para generar un Contrato Vecinal entre los vecinos/vecinas y la autoridad, de modo que ambas partes puedan hacer seguimiento sobre las propuestas que se consensuaron.
  • El Secretario Municipal participará en los Cabildos con el fin de levantar el Acta respectiva, la que será publicada en la sección de Transparencia Activa Municipal a más tardar una semana después de celebrado el evento.
  • Los vecinos y vecinas podrán solicitar un Cabildo extraordinario de carácter territorial o temático, cuando concurran en la solicitud el 10% de los vecinos que pertenezcan a la unidad territorial (o barrio) solicitante según datos oficiales de habitantes del territorio, en el caso de los Cabildos Territoriales; o bien, sea solicitado por las organizaciones funcionales existentes en la comuna y que se encuentren vinculadas al desarrollo de una actividad común según antecedentes en el registro nacional de organizaciones, en el caso de los Cabildos Temáticos.
  • La solicitud de un Cabildo extraordinario podrá ejercerse por una vez dentro de un periodo alcaldicio. Toda solicitud para la realización de un Cabildo, deberá contener por lo menos: El acto o decisión del Municipio que se pretende someter a discusión; exposición de los motivos y razones por las cuales el acto o decisión se considera de importancia trascendente para la vida pública de la comuna y las razones por las cuales se considera que debe someterse a Cabildo.
  • No podrán someterse a Cabildo los actos o decisiones del Alcalde/sa relativos a: materias relacionadas con la Ley de Rentas Municipales,  en especial con el tratamiento de los derechos municipales; Régimen interno de la Administración del Municipio; y los actos cuyos efectos sean obligatorios de acuerdo a la ley.
  • La máxima autoridad municipal iniciará el procedimiento de Cabildo convocando a la comunidad a participar, a través de los medios de información que dispone la municipalidad y que incorporará la explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del acto o decisión sometido al Cabildo; la fecha y lugar en que habrá de realizarse este; y las materias que se abordarán.

11. Mesas Barriales.

  • Inclusión de este mecanismo en la Ordenanza de Participación Ciudadana, consistente en generar mesas de trabajo para avanzar en forma mancomunada en diversas temáticas, ofreciendo capacitación, formación y asistencia técnica a las organizaciones
  • Las Mesas Barriales buscan consensuar acciones comunes que apunten a mejorar la calidad de vida de un barrio. Por ejemplo en lo referente a infraestructura comunal, reparación de calzada, instalación de lomos de toro, iluminación, áreas verdes, ornamentación, arborización, basura, problemas sociales, seguridad pública, entre otros.
  • Para estos efectos contarán con el apoyo de profesionales del área de evaluación y/o funcionarios municipales que cuenten con dicha capacitación, entregando herramientas técnicas a la comunidad, tanto desde la perspectiva de su unidad municipal como desde el desarrollo de un plan de ejecución para su barrio. 
  • Las mesas barriales propondrán al Municipio, políticas, planes y programas que mejoren la calidad de vida en su sector, particularmente en áreas como el desarrollo urbano, desarrollo social, políticas de tránsito y recuperación de espacios públicos, entre otras áreas. Participaran en ellas vecinos y vecinas, dirigentes sociales, otras organizaciones y/o instituciones que existan en el barrio (iglesias, ONG´s, comerciantes, entre otros). 
  • Podrá realizarse por interés del municipio o a petición del sector interesado, el cual deberá presentar su solicitud por escrito a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad. Un Cabildo temático o territorial puede desembocar en una Mesa Barrial de trabajo de modo de ir avanzando en la solución de algún diagnóstico.

12. Fondos concursables transparente e inclusivos.

  • Inclusión de este mecanismo en la Ordenanza de Participación Ciudadana, consistente en asignar fondos con criterios claros y conocidos, a través de procesos transparentes y orientados a lograr una participación más equitativa de las organizaciones. Antes que las organizaciones postulen deberán conocer los criterios mediante los cuales se evaluaran los proyectos técnica y económicamente, y qué personas formaran el comité evaluador. De existir criterios de discriminación positiva o cuotas estos también deberán conocerse con anticipación.
  • Se establecerá el Fondo de Desarrollo Vecinal anual (FONDEVE), donde participaran todas las Juntas de Vecinos que se encuentren con personalidad jurídica vigente. 
  • El proceso se desarrollará de manera abierta e informando a todas las organizaciones sobre los plazos para postulación y requisitos. Cada organización definirá con plena autonomía que proyecto postula desde el punto de vista de la necesidad o requerimiento pero podrá recibir asesoría técnica del municipio sobre esa idea.

13. Promoción y Defensa de Derechos

  • Inclusión de una Defensoría Comunal en la Ordenanza de Participación Ciudadana, cuyo objetivo será velar por el cumplimiento y la vigencia de los derechos y garantías de las personas, la adecuada prestación de los servicios públicos, la promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Contará con al menos un abogado dentro del equipo. Especial atención tendrá la defensoría en la promoción, defensa y asesoría en relación la nueva ley antidiscriminación.
  • Ante la Defensoría Ciudadana, los vecinos y vecinas, y también usuarios de servicios municipales y de otros organismos públicos, podrán presentar quejas, denuncias, y sugerencias relacionadas con la deficiencia en la prestación de servicios públicos dependientes del municipio. Desde donde se velará por la protección y garantía de los derechos de las personas mejorando en forma continúa la calidad del servicio y la atención que se le entrega a los vecinos y vecinas.
  • Se desarrollará, con aporte de esta entidad, una Ordenanza Comunal Anti discriminación.
  • Se creará un Consejo Comunal de Defensoría Ciudadana, que asesore y apoye -a través de la recepción de denuncias y la fiscalización- la gestión de la Defensoría, desde la perspectiva de los vecinos/as. Se realizará un llamado público a las organizaciones comunales para que compongan este Consejo y con ellas se consensuará un plan de trabajo.

14. Promoción en Salud

  • Se revitalizará y potenciará el rol de los Consejos de Desarrollo Local de Salud[4], estableciendo un plan de trabajo con objetivos y metas claras, desarrollados con participación y asistencia de las jefaturas del consultorio.

15. Mesa de Pueblos Originarios

  • Inclusión de este mecanismo en la Ordenanza de Participación Ciudadana, consistente en una mesa de trabajo donde se aborden materias que afecten a los pueblos indígenas que residen en la comuna.
  • Considerará la opinión de todas las organizaciones indígenas de la comuna y trabajará sobre aspectos como salud y educación intercultural, discriminación, uso de recursos naturales, y otras según corresponda.
  • Esta instancia tendrá asegurado un espacio de funcionamiento en el municipio y un encargado municipal, de modo de cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

16. Cartas Ciudadanas

  • Establecer  contratos entre la Municipalidad y sectores específicos de la comunidad, en los cuales se expresen responsabilidades y derechos de ambas partes, y se fijen plazos y  modos de control de cumplimiento, frente a problemas locales. Pueden ser fruto de procesos de Mesas Barriales, Iniciativas Ciudadanas, Cabildos y/o Audiencias.
  • Será un instrumento de seguimiento de responsabilidades y compromisos de ambas partes.

 

Bibliografía 

  • Badilla G, Programa de Candidato a Alcalde de Cauquenes Guillermo Badilla.
  • Bernucci A, Programa de Candidato a Alcalde de Chillán Aldo Bernucci.
  • Borja J, “Los Nuevos Derechos Ciudadanos”, mayo 2000.
  • Ciudad Viva “Agenda Ciudadana para Ciudades Más Justas, Sustentables e Inclusivas”. Santiago de Chile: 2012.
  • Delamaza G; Fernández, M. “Innovación y ciudadanía en la gestión territorial: el rol de los municipios”. Santiago: Programa de Innovación y Ciudadanía. 2004.
  • Durán G, Programa de Candidato a Alcalde por Independencia Gonzalo Durán.
  • Fernández M, Programa de Candidata a Alcaldesa por Ñuñoa Maya Fernandez.
  • Huerta M, y otros, “Descentralización, Municipio y participación ciudadana: Chile, Colombia y Guatemala”. Bogotá: Centro Editorial Javeriano CEJA. 2000.
  • Ilustre Municipalidad de Lo Espejo, Ordenanza de Participación Ciudadana.
  • Ilustre Municipalidad de Maipú, Ordenanza de Participación Ciudadana.
  • Ilustre Municipalidad de Peñalolén, Ordenanza de Participación Ciudadana.
  • Ilustre Municipalidad de La Serena, Ordenanza de Participación Ciudadana.
  • Ilustre Municipalidad de Pudahuel, Ordenanza de Participación Ciudadana.
  • Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, Ordenanza de Participación Ciudadana.
  • Jadue D, Programa de Candidatos a Alcalde por Recoleta Daniel Jadue.
  • Marín T y Mlynarz D, “Monitoreo a la Monitoreo a la Implementación de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública a nivel Municipal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile 2012”, Ciudad Viva, Santiago 2012.
  • Márquez F; Sanhueza A, “Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Marco Conceptual”, Santiago: Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Gobierno de Chile. 2001.
  • Mlynarz D, “Plebiscitos comunales en Chile”, en Columna de Opinión Radio Cooperativa: http://blogs.cooperativa.cl/opinion/ciudadania/20120921094207/plebiscitos-comunales-en-chile/, septiembre 2012.
  • Mlynarz M, Programa de Candidato a Alcalde por Ñuñoa Matias Mlynarz.
  • Montecinos E, “Descentralización y democracia en Chile: análisis sobre la participación ciudadana en el presupuesto participativo y el plan de desarrollo comunal”, en Revista de Ciencia Política, Volumen 26, n°2, pgs. 191 a 208, Chile, 2006.
  • Montecinos E, “Los incentivos de la descentralización en la gestión municipal chilena. Gestión Política sin planificación democrática”, en Revista Chilena de Administración Pública, n°12, de diciembre 2008, pp 61-84.
  • Pozo H, “La reforma municipal: propuestas, problemas y perspectivas”, FLACSO 1990. 
  • Proacceso, “El desafío de la transparencia en las municipalidades”. Santiago de Chile: 2012.
  • Proacceso, “Acceso a la información pública y participación ciudadan”. Santiago de Chile: 2011.
  • Providencia Participa, Programa de la Candidata a Alcaldesa de Providencia Josefa Errázuriz. http://www.josefaerrazuriz.cl/el_programa/#05
  • Quiroz C, Programa del Candidato a Alcalde por Chillán Cristián Quiroz.
  • Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, “Orientaciones para la Constitución de consejos de Desarrollo Local de Salud”, Departamento de Participación Social y Gestión Integral del usuario, Puente Alto, febrero 2010.  
  • Tohá por Santiago, Compromisos Programáticos de Candidata a Alcaldesa por Santiago Carolina Tohá. http://tohaporsantiago.cl/compromiso-programatico/
  • Ziccardi A, “Participación Ciudadana”, México 2004.

 

 

 

 



[1] Promulgada en el año 2008 e implementada a partir de abril de 2009.

[2] Promulgada en febrero 2011 y que debería estar en plena vigencia durante el año 2012.

[3] Estudio desarrollado por el Consejo para la Transparencia durante el año 2011 en los 345 municipios del país en relación a Transparencia Activa muestra promedio de logró entorno al 30%, muy inferior a lo que hoy exhibe la administración central del Estado, que bordea el 94%, según el ranking publicado por el Consejo para la Transparencia en enero de 2011. Sin embargo, hay diferencias relevantes entre los municipios de tipo urbano y con mayores presupuestos que los rurales. Aun así, ningún municipio ostenta un cumplimiento del 100% y se presentan algunas municipalidades pequeñas que tienen mejores promedios que otros de mayor tamaño y presupuesto. El estudio también demostró que existían 15 municipalidades en el país que no tienen sitio electrónico, siendo poblados rurales que no tienen conectividad o que fueron severamente afectados por el terremoto y/o tsunami el 27 de febrero de 2010.  También hay otros 27 que cuentan con sitio electrónico pero no publican información. Estudio de Monitoreo a la Monitoreo a la Implementación de Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública a nivel Municipal a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Chile 2012 realizado por Tomás Marín y Danae Mlynarz para Ciudad Viva muestra que 35% de los municipios cumple con Transparencia Pasiva en forma satisfactoria y que el 2% de los municipios se ubica en una participación ciudadana alta en la implementación de la ley 20.500.  

 

[4] En 1995, el ministro de salud Carlos Massad, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruíz Tagle define el carácter de la participación social en el sistema de salud, enfatizando en la necesidad de crear canales de participación social para que la población pueda exigir rendición de cuentas a todos aquellos que intervienen en la gestión de recursos públicos, se inicia así la creación de instancias de participación social denominadas genéricamente, Consejos de Desarrollo. El instructivo presidencial N ° 30 del 7 de diciembre del año 2000 generado en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos hace referencia inmediata a la forma en que el Gobierno debe garantizar a la población los medios para participar en las decisiones del sistema democrático del país. El instructivo de la Presidenta Bachelet de Participación ciudadana de la Gestión Pública del 27 de agosto del 2008, señala la obligatoriedad de generar normas sectoriales para posibilitar la participación ciudadana. De esta manera es que los Consejos de desarrollo han realizado funciones diversas, y se han ido fortaleciendo e institucionalizando en el tiempo. Algunas funciones han sido de tipo informativo, otras más propositivas y consultivas; y en menor medida las ha habido vinculadas a la toma de decisiones. El propósito del Ministerio de Salud -Minsal- es crear un estilo de gestión participativa en el sistema de atención de salud pública de manera de generar nuevos modelos organizacionales y estilos de liderazgo que posibilitaran la participación de usuarios y funcionarios en la elaboración, monitoreo, evaluación de los planes y programas del sector para que se acerquen las decisiones a las necesidades y expectativas de los usuarios (SSMSO, 2010).

El Consejo de Desarrollo Local de Salud es una organización comunitaria de carácter funcional  representativa de los usuarios y usuarias, funcionarios y funcionarias de un Centro de Salud cuyo objeto es:

a) Asesorar a la Dirección del Centro de Salud en aspectos vinculados con la gestión y desarrollar actividades de tipo informativo, propositivo, promotor, consultivo, evaluativo y decisorio.

b) Participar en la formulación, implementación y evaluación de los planes de desarrollo del establecimiento.

c) Colaborar en el diagnóstico de salud de la población.

d) Informar a los usuarios, usuarias, y comunidad sobre el funcionamiento del establecimiento (programas, sistemas de atención, vinculación con otros establecimientos de la red pública, atención de urgencia, especialidades, campañas sanitarias, otros).

e) Analizar información proveniente de la OIRS y medición de la satisfacción usuaria.

f) Recoger opiniones e iniciativas de la comunidad y del personal de salud para mejorar la calidad de la atención y la satisfacción usuaria.

g) Impulsar acciones de trabajo conjunto entre equipo de salud y comunidad.

h) Movilizar recursos financieros y otros aportes de la comunidad, así como de entidades públicas y privadas.

i) Contribuir al compromiso de los ciudadanos y las ciudadanas con el fortalecimiento del Servicio Público de Salud, la promoción de salud, calidad de vida y, la corresponsabilidad en la gestión de la salud.

 

 

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